El Ayuntamiento de Nueva York votó este miércoles para anular los vetos del alcalde Eric Adams a dos proyectos de ley clave: uno que establece un salario mínimo de $21.44 por hora para repartidores de comida contratados por aplicaciones móviles, y otro que elimina las sanciones penales para vendedores ambulantes sin licencia.

Ambas medidas habían sido previamente aprobadas por el Consejo, que argumenta que buscan mejorar las condiciones laborales de trabajadores vulnerables.

La presidenta del Consejo, Adrienne Adams, celebró la decisión como un avance hacia la equidad salarial y una industria de reparto más justa, al tiempo que criticó al alcalde por alinearse con políticas que, según ella, reflejan la agenda de la administración Trump.

La concejal Jennifer Gutiérrez también expresó su descontento, calificando los vetos como una contradicción con el discurso del alcalde sobre defensa de la clase trabajadora. Adams, por su parte, justificó su oposición a la despenalización de la venta ambulante alegando que afectaría la calidad de vida en los vecindarios y complicaría la labor policial.

Reacciones divididas: empresas y funcionarios cuestionan el impacto económico

Mientras defensores de los proyectos celebran la decisión del Ayuntamiento, empresas como Instacart han manifestado su preocupación. La compañía lanzó una campaña publicitaria advirtiendo que el nuevo salario mínimo podría reducir oportunidades laborales, aumentar los costos de entrega y afectar a clientes vulnerables. Instacart incluso ha amenazado con emprender acciones legales si la ley entra en vigor.

El primer vicealcalde, Randy Mastro, también criticó la medida, señalando que despenalizar la venta ambulante sin licencia pone en riesgo a pequeños negocios legales, muchos de ellos propiedad de inmigrantes.

Según Mastro, la decisión del Consejo debilita la capacidad de las autoridades para intervenir en casos de venta ilegal, incluso cuando se trata de situaciones insalubres o peligrosas.